El equipo de gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Diputación se quedó solo en la aprobación inicial del Presupuesto de 2023 para la institución, de 146 millones, que el PSOE ha calificado como electoralista, carente de utilidad real para la provincia y falto de ambición.

Ni siquiera Vox apoyó  las cuentas, eso sí, aduciendo que se basan en la Agenda 20230, el “gran error” de la Institución, según su portavoz, Nicasio Gómez, a quien el portavoz socialista, David Jurado, censuró sus manifestaciones.

 

El PSOE volvió a criticar en el Pleno extraordinario de esta semana, el bajo grado de ejecución presupuestaria de la Diputación, que en el tercer trimestre de 2022 se cerró con un 9% en cuanto a inversión real y aseguró que para 2023 el equipo de gobierno fía gran parte a los remanentes de tesorería porque serán generosos. Y tampoco es real, porque vuelve a prever acudir al crédito, de 18,6 millones, aunque, como en 2022, ya prevé el socialista que no se ejecutará.

 

Así, “bajan los planes de carreteras para el año que viene, entre otras cosas, porque dice el diputado de Hacienda  que no se ejecutan las partidas. ¿No necesitan nuestras carreteras locales y provinciales actuaciones?”, preguntó Jurado. 

 

El socialista denunció que de esos 146 millones solo 12 se destinarán a inversiones reales de la Institución provincial, un 16,59% menos que en 2022. Y no solo eso, sino que esa reducción se corresponde con el “cacareado aumento de la partida para Planes Provinciales que venden el PP y Ciudadanos”. Es decir, que es “un trasvase” de fondos de inversión propia de la Diputación para inversiones de los ayuntamientos”, dijo el portavoz socialista. “Y hacen bien-añadió- porque los ayuntamientos ejecutaron más del 60% de las inversiones en el tercer trimestre, no como ustedes; ahora bien, si reconocen su incapacidad de gestionar y le transfieren la responsabilidad a los ayuntamientos, que lo hacen mejor que ustedes, dótenles de las herramientas necesarias”, pidió al Partido Popular y a Ciudadanos.

 

También reprochó Jurado la falta de ambición política de las cuentas, así como su carácter electoralista, ya que, entre otras cosas, recuperan el plan de obras extraordinarias y urgentes, o lo que es lo mismo, la ‘chequera’ del presidente de la Diputación, César Rico, dotada con 300.000 euros para su reparto “discrecional”, sin concurrencia ni convocatoria, lamentó Jurado, tras recordar que fue una de las medidas que el PSOE había conseguido erradicar, “pero claro, se avecina la fiesta de la democracia”, apuntó, en alusión a las próximas elecciones municipales de 2023.

 

Y si el presidente de la Diputación dispone de esos fondos, el vicepresidente de la Diputación, de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, también quiere contar con las mismas ventajas. De ahí, según Jurado, que Sodebur, organismo que preside, haya visto doblado su presupuesto para 2023 gracias a las transferencias de la Diputación, para destinarlo, mayoritariamente, a subvenciones, “porque hay que engrasar la maquinaria electoral”. Mientras tanto, más de la mitad del presupuesto de la Diputación para el próximo ejercicio irá destinado a su propio funcionamiento.

 

“Ni una inversión nueva ni proyectos con cargo a fondos europeos para transición ecológica o despoblación encontramos en este presupuesto”, se quejó el socialista, para añadir que el presidente de la Diputación, César Rico, intentó “vendernos una moto muy grande”  al anunciar la tramitación anticipada de actuaciones para 2023, puesto que se trata de una obligación que se recoge en la Ley de Contratación del Sector Público de 2017.

 

El equipo de gobierno de la Diputación Provincial tampoco aceptó ninguna de las propuestas socialistas para mejorar las convocatorias de Planes Provinciales para 2023, como establecer el anticipo “de la totalidad”, como dijo el viceportavoz del PSOE, Javier Lezcano,  en un 80% en lugar de en un 60% que establece la propuesta aprobada por PP y Ciudadanos, y del 100% en caso de que se justifique en 2023. 

 

Sin embargo, el Grupo Socialista volvió a plantear, sin éxito, que se recuperara la periodicidad anual de la convocatoria, frente a un portavoz del PP, Borja Suárez, parapetado en el aumento de la partida en 3 millones de euros con respecto a 2022, hasta los 30 millones, pero obviando que se repartirá ese dinero en dos ejercicios. También volvió a pedir el Grupo Socialista mayor agilidad en la publicación de las convocatorias.