Instar a la Junta de Casilla y León a que dicte las disposiciones necesarias para aprobar el marco regulatorio de localización de infraestructuras de generación de energía renovables y suspensión cautelar inmediata de los expedientes en tramitación hasta su aprobación. Esta es la proposición que ha registrado el grupo Socialista para su debate en el próximo Pleno de la Diputación, que se celebrará el 5 de abril.

El PSOE de Burgos considera una realidad incuestionable que la proliferación, demanda y tramitación de instalaciones de generación eléctrica renovables de tecnología eólica y fotovoltaica, que, aun siendo vitales procedimientos para la descarbonización de la actividad productiva y económica, su localización en superficies agrícolas y forestales, está generando preocupación social en Castilla y León, desde la convicción de que la transición energética sostenible solo es posible mediante las energías renovables y garantizando la conservación de la biodiversidad. 

 

En Castilla y León no existe ningún principio específico que regule la idoneidad de los emplazamientos con criterios vinculados a la protección de la biodiversidad o el paisaje, remitiendo a la legislación estatal, salvo la emisión del preceptivo y vinculante informe de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que afecten a la Red Natura, según el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

 

Por ello, el Grupo Socialista someterá a debate del Pleno esta proposición, en la misma línea que la que el PSOECyL presentó en las Cortes autonómicas en el pasado mandato y fue rechazada, para pedir instar a la Junta de Castilla y León a que, en el ejercicio de su competencia en materia de Ordenación del Territorio, elabore y tramite, en un plazo máximo de tres meses, el marco regulatorio que desarrolle y defina la norma sobre la localización de las infraestructuras necesarias para la generación de energía renovable eólica o fotovoltaica, compatibilizando garantizar de forma sostenible la protección de la biodiversidad, el paisaje y los ecosistemas.

 

También propone pedir al Gobierno autonómico la suspensión cautelar, de forma inmediata, y en tanto no se dé cumplimiento a lo prevenido en el punto anterior, de todos los expedientes actualmente en tramitación de localización e implantación y desarrollo de infraestructuras necesarias para la generación de energía renovable eólica o fotovoltaica.