El Partido Popular y Vox han votado en contra de la proposición socialista al Pleno para que la Diputación lidere un plan de actuación integral sostenido en el tiempo para que Valpuesta deje de ser “un tesoro silenciado”, en palabras de la defensora de la moción, la diputada Matilde Fernández.

En su intervención, ha recordado que gracias al esfuerzo del Gobierno, la Junta de Castilla y León pudo captar 3,3 millones de fondos europeos para el impulso del proyecto para la ‘Cuna del castellano’, en un plan que abarca desde 2023 hasta 2026 y que apenas ha arrojado consecuciones visibles, según ha considerado.

 

La socialista ha insistido, sin éxito, en la necesidad de que la Diputación asumiera un papel activo con un plan de actuación que incluyera la llegada urgente de fibra óptica, la creación de un centro de interpretación de los Cartularios, la mejora y señalización de rutas culturales y cicloturísticas, la programación estable de actividades culturales y educativas vinculadas al origen del castellano y acciones coordinadas de promoción turística y divulgación nacional e internacional. Asimismo, el Grupo Socialista solicitaba la creación de una comisión técnica de coordinación con participación de la Diputación, el Ayuntamiento de Berberana, la Junta de Castilla y León, el Arzobispado de Burgos, el Gobierno de España y entidades culturales locales, para supervisar y planificar todas las actuaciones en Valpuesta.

 

Sin embargo, PP y Vox han rechazado la moción, que incluía la petición a la Diputación y a la Administración autonómica de un mayor esfuerzo inversor y “la consideración de Valpuesta, al tiempo que un compromiso institucional firme y ambicioso”, mientras que la diputada socialista les ha afeado que sean vecinos voluntarios los que abren al público la Colegiata para las visitas, que llegan, ha asegurado, animadas también por los restauradores de la zona. 

El Pleno de la Diputación ha visto, además, el informe anual de control interno de 2024, sobre el que la portavoz socialista ha recalcado la necesidad de dotar de personal suficiente al servicio de Intervención, que lo reclama desde el año 2018 y que acusa un aumento de actividad que se traduce, entre otras cosas, en un incremento de los informes de fiscalizaciónm desde los 1.552 hasta los 1.810 en un año.

 

Barrio ha urgido, además, un plan de actuación para solucionar el volumen de servicios que presta la Diputación sin contrato, cuando ya se ha alcanzado la mitad del presente mandato y el aumento de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por 3,6 millones de euros en 2024, frente a los 2,09 de 2024.

 

Además, el Grupo Socialista ha votado en contra de la aprobación inicial del Reglamento de Teletrabajo de la Diputación porque no se le ha permitido, hasta la fecha, participar en las mesas de negociación.