La procuradora socialista, Virginia Jiménez, ha preguntado en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León sobre qué actuaciones han llevado a cabo por las quejas de las trabajadoras/es del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Burgos. 

El director general de personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia, Eduardo García Brea, se ha limitado a recordar que este servicio corresponde regularlo a la Diputación de Burgos y a la empresa, atendiendo al convenio colectivo.  

Jiménez ha recordado a García que más del 90% del presupuesto de este servicio proviene de fondos de la Junta de Castilla y León, además de que este esta dentro del Acuerdo Marco de Servicio Sociales de la administración autonómica.  

Esta problemática con la atención a domicilio en la provincia “se ha vuelto estructural ya que viene arrastrándose desde hace meses y que afecta a más de 400 trabajadoras en distinta medida. Desde el mes de marzo han dejado de dar altas del servicio y la respuesta que reciben los solicitantes es que la asignación presupuestaria se ha terminado, a pesar de que la solicitud esté concedida. Lo que ha llevado a una lista de espera de 153 personas en el mes de abril”, ha explicado Jiménez.  

Entre las quejas de las trabajadoras se incluye la reducción del tiempo de atención al usuario, la insuficiente compensación económica por los desplazamientos, que hacen en sus propios vehículos en su mayoría, y la inestabilidad contractual que sufren.  

Por último, la socialista ha querido subrayar que esta respuesta “no convence absolutamente a nadie, ni a los usuarios ni a las trabajadoras, y vuelven a dejar de lado a una parte de la ciudadanía muy sensible, como son las personas mayores de la provincia de Burgos”.