El convenio de colaboración entre la Diputación, el Arzobispado de Burgos, la Junta de Castilla y León y ayuntamientos para la realización de actuaciones de mantenimiento en siete iglesias con declaración BIC sigue pendiente de firma desde el pasado mes de febrero, cuando el presidente de la institución provincial, Borja Suárez, lo dio por hecho, a preguntas del PSOE.

 

Así lo ha confirmado la diputada provincial responsable de Cultura, Raquel Contreras, en comisión informativa, cuando la portavoz socialista en esta área, Purificación Rueda, se ha interesado por el pago de los compromisos adquiridos con cargo a este acuerdo. “Es en este punto en el que ha reconocido que no se puede pagar, porque no está firmado el convenio”, señala, a pesar de que algunas actuaciones incluidas en esa propuesta se han finalizado.

 

Rueda explica que la retención de crédito de 159.000 euros que la Diputación pretende destinar a este convenio, está rechazada desde febrero, porque, entre otras cosas, su tramitación no está prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2024.  

 

Ante la constancia de que algunas de las actuaciones incluidas en el citado acuerdo están finalizadas y otras están en curso, el Grupo Socialista urge a Suárez una solución “para evitar problemas a los pueblos en los que se ubican estos siete templos” y que son Villanueva de Río Ubierna, Villamayor de los Montes, Castrojeriz, Briviesca, Oña, Poza de la Sal y Vizcaínos.

 

Rueda considera “un despropósito desde el inicio” la tramitación de este convenio, “que se fraguó con una opacidad absoluta” por parte del PP y que, según el presidente de la Diputación, se financiará con cargo a una convocatoria de ayudas para la restauración de bienes patrimoniales, dotada con 2 millones de euros, cuyas bases siguen pendientes de elaboración, como ha admitido Contreras.

 

En esta comisión los socialistas han votado en contra, además, de la aprobación definitiva de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas y festejos de 2024, porque las bases, como advirtió el PSOE, han dejado sin ayuda a 105 localidades que cumplían con los requisitos porque se agotó el crédito y en la que los beneficiarios han recibido menos dinero que en 2023. “Aún así, el PP se niega a aumentar la partida para ofrecerles una solución”, concluye Rueda.