El portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, Jesús Puente, desmiente al consejero del ramo, Alejandro Vázquez, y atribuye a la Junta la responsabilidad de planificar las plantillas y recursos sanitarios para garantizar la prestación del servicio en todo el territorio y que no falten médicos este verano. Un problema del que el responsable autonómico de Sanidad trató de culpar al Gobierno.

 

Según explicó en rueda de prensa, al Ministerio de Sanidad le corresponde garantizar el “marco general” con las herramientas adecuadas, pero no ha puesto trabas a que los residentes de Medicina Interna R 4 empiecen de manera paulatina y autónoma a asumir la atención sanitaria. Lo único que pide, matiza, es que haya tutores que se hagan cargo de supervisar su desempeño, por lo que “no hay inconveniente en que estos 156 especialistas puedan comenzar a pasar consulta en nuestros centros de salud”. El escollo, insistió, es la falta de planificación de la Administración autonómica que, entre otras consecuencias, supone que el centro de especialidades de Villarcayo funcione al ralentí, con plazas que incluso nunca se han llegado a cubrir desde su inauguración.

 

El problema, añade, es que la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de impulsar esta figura, que en todas las convocatorias se concentra en los grandes hospitales y centros de salud, pero no en los de menor entidad, como los del ámbito rural. “El consejero es responsable de los recursos humanos, que no eche balones fuera”, recalcó.

 

Según precisó, “el ministerio tampoco pone pegas a que, si se asumen estas funciones, se pueda compensar económicamente a los R4 por estos dos meses de verano y la competencia es de la Consejería de Sanidad; no hay excusas por lo tanto”.

 

Así lo recalcó en una comparecencia conjunta con la procuradora socialista Virginia Jiménez, en la que dieron a conocer la proposición no de Ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentará al Pleno de las Cortes de Castilla y León mañana, en la que instan a la Junta a cumplir con la financiación suficiente los artículos del estatuto de Autonomía de Castilla y León que establecen que los poderes públicos de la Comunidad deben promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la prestación de unos servicios públicos de calidad.

 

La iniciativa pide también que el Gobierno autonómico garantice la asistencia sanitaria presencial en todos los núcleos de población, en especial, en el ámbito rural, así como el inicio de cuantos trámites sean precisos para adoptar los acuerdos necesarios para implantar en las universidades públicas de León, Burgos y Soria nuevas facultades de Medicina.

 

En este punto, Puente acusó al consejero de Sanidad, “aficionado a lo taurino” de ser “un especialista en torear y dar la espalda a los rectores cuando así le reclaman que necesitamos más plazas y crear nuevas facultades o grados en Medicina”. 

 

Pero el último “toreo”, según indicó, lo ha protagonizado la consejera de Educación, Rocío Lucas,  cuando eludió su responsabilidad para afirmar que le corresponde a la Comisión Académica del Consejo de Universidades iniciar los trámites y no es responsabilidad de la Junta. “Y ha dicho esto sin despeinarse, cuando es la consejera de Educación la que preside esta Comisión Académica, la que tiene competencia para convocarla y proponer el orden del día, entre otras cosas, y no lo hace”. 

 

El procurador socialista exige al Ejecutivo autonómico que no dé más rodeos y que se pronuncie “definitivamente” sobre si va o no a impulsar o a facilitar el grado de Medicina en Burgos. 

“Si el problema es técnico, que sea la ANECA, la Agencia Nacional de la Calidad de la Educación, la que diga que no hay recursos o no hay capacidades técnicas para poner en marcha el grado, pero nos tememos que la cuestión es económica y sólo económica de la Junta de Castilla y León”, apuntó.