El Grupo Provincial Socialista denuncia que la Diputación ha congelado las altas de nuevos usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio, en el que calcula que hay una lista de espera de más de un centenar de personas con algún grado de dependencia reconocido y que está atendiendo actualmente a cerca de 1.700 usuarios, aunque con anterioridad, llegó a superar los 2.000.

 

El motivo que subyace tras esta paralización, que conlleva una reducción de horas de trabajo y salario a sus cerca de 400 empleadas es el de abaratar costes y ahorrar, por un "problema de imprevisión presupuestaria" según sospecha el diputado provincial socialista portavoz en Bienestar Social, Ignacio Grajal. 

 

Según ha explicado en una rueda de prensa junto a la portavoz del PSOE en la Institución provincial, Nuria Barrio, el PP preveía aumentar las horas de atención en el nuevo contrato, en fase de adjudicación por un presupuesto base de 14,4 millones pero, sin embargo, finalmente la licitación contempla lo contrario: una reducción progresiva desde su entrada en vigor, prevista en septiembre de 2024 hasta 2026, año de finalización, puesto que su duración inicial sería de dos años, aunque cabe la posibilidad de prórroga por otros dos. 

 

De hecho, el servicio funciona en la actualidad con la primera prórroga, pero la partida disponible en el presupuesto de 2024 es de 6,4 millones, “una cantidad que parece insuficiente para poder prestar el servicio con ratios de calidad”, mientras que la previsión de gasto probable, teniendo en cuenta las últimas facturas que ha presentado la empresa concesionaria, superará los 8 millones de euros. “Por eso pensamos que la Diputación está intentando reducir la cantidad económica de este contrato”, ha recalcado Grajal.

 

“La gran pregunta es por qué se están produciendo menos altas en el servicio de Ayuda a Domicilio: si es una cuestión presupuestaria, si es una cuestión de ineficacia política o de falta de capacidad”, ha remachado la portavoz socialista, quien ha recordado las recientes quejas del comité de empresa sobre la precariedad laboral que padecen las trabajadoras con esta rebaja y con percepciones bajas por kilómetro recorrido. Para los socialistas, no es una cuestión menor, puesto que estas condiciones redundan en una mayor dificultad para encontrar trabajadores para la empresa concesionaria. “Nos interesa que estén a gusto, que cobren un salario digno para que no se vayan”, opina Grajal.

 

Entre las razones que el PSOE cree que están provocando esta situación, Barrio destaca que la Diputación está infrafinanciada por la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en atención a la dependencia, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado exponencialmente el dinero que destina a la Comunidad en esta área hasta en 94 millones en desde 2018. Sin embargo, este aumento no se refleja en las previsiones de la Diputación para el servicio, con una estimación de 7 millones de euros con IVA para 2025. Una partida que Grajal cree insuficiente, al tiempo en que insiste en la necesidad de cumplir la Ley de Dependencia para fijar población en el medio rural.

 

El PSOE no es optimista, ya que el presidente de la Diputación, Borja Suárez, no es reivindicativo con los incumplimientos de la Junta de Castilla y León, en detrimento de las personas más vulnerables.