El Partido Popular de Burgos se ha quedado solo en el rechazo a la proposición del Grupo Socialista que pedía que la Diputación adelante el pago de las subvenciones de Planes Provinciales a los ayuntamientos sobre las previsiones que contemplan las bases para evitarles problemas de liquidez.

 

El viceportavoz socialista, Javier Lezcano, que ha recordado el 30% de financiación que pierden los pueblos con respecto a la edición anterior, aspecto que ha acabado admitiendo la portavoz del PP, Inmaculada Sierra, ha advertido al Grupo Popular de que “hacen un flaco favor a los ayuntamientos rechazando esta propuesta”. Una propuesta que hasta el Grupo Vox, que finalmente se ha abstenido, veía con buenos ojos, en el sentido de adelantar los pagos.

 

Sin embargo, el Partido Popular niega la mayor y se ha cerrado en banda a modificar las bases más lesivas de la convocatoria que los socialistas ha planteado para evitar que los pueblos pierdan oportunidades de realizar actuaciones por el retraso que arrastran las convocatorias de subvenciones de ciclo del agua, patrimonio y caminos rurales. Sin conocer si podrían beneficiarse de estas ayudas, los pueblos con necesidades acuciantes en esas materias no podían arriesgarse a no incluirlas en Planes Provinciales.

 

Ahora, con el rechazo del PP, no podrán cambiar la finalidad de la subvención de Planes, una convocatoria que, encima, es bienal.

 

Con su voto en contra, los populares se han negado a amortiguar el impacto negativo que supondrá a la liquidez de los ayuntamientos el carácter bienal de esta convocatoria de subvenciones, de las que no recibirán el 40% del importe reconocido hasta abril o mayo de 2026 aproximadamente. En concreto, los socialistas pedían que la Diputación abone en el primer trimestre de 2025 la subvención a los ayuntamientos que justifiquen y certifiquen la inversión total de las dos anualidades antes del 31 de diciembre de 2024.

 

También ha dicho ‘no’ el Partido Popular a abonar en el primer trimestre de 2025 la totalidad del gasto corriente solicitado por los ayuntamientos, ya que estará justificado a 30 de noviembre de 2024, como establecen las bases.