La Diputación tiene 159,5 millones de presupuesto para 2024, un 9,5% más que en 2023, pero los ayuntamientos van a recibir menos dinero en ayudas. Así lo han denunciado la portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, y el diputado provincial socialista Alberto Azofra, que han coincidido en señalar el empobrecimiento al que el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta la institución, está sometiendo a los consistorios.

 

En una comparecencia sobre los planes de empleo I y II de la Diputación, los socialistas han desmentido el discurso del PP, que vendió un incremento de 250.000 euros en las partidas que, en realidad, prevé destinar a mancomunidades, “de manera precipitada y sin estudiar y analizarlo con profundidad”, según Barrio. Sostiene que, de las 35 agrupaciones que operan en la provincia, hay varias pluriprovinciales y casi el 50% tiene una única función en sus estatutos, sin competencias en contratación de empleo, con lo que incumplen los requisitos de las convocatorias, como subraya Azofra. 

 

El Grupo Socialista  entiende que las ayudas para contratación temporal de trabajadores desempleados que prevé el equipo de gobierno por parte de las mancomunidades, con un montante total de 250.000 euros, son “totalmente innecesarias, restan autonomía municipal y, encima, la Diputación incurre en dejación de funciones con respecto a los ayuntamientos”, según apunta Azofra. Insiste en que las agrupaciones de municipios no son competencia de la Institución provincial y entiende esta novedad que plantean las bases de los planes de empleo como un ataque a los ayuntamientos del medio rural: “siempre que tienen ideas, las pagamos nosotros”, dice en su también condición de alcalde pedáneo.

 

Sin embargo, el PP está dispuesto a “detraer” dinero de las ayudas para la contratación de estos trabajadores temporales a seis meses para los ayuntamientos a favor de las agrupaciones de municipios, lo que reduce la financiación a los consistorios, que pasarán de contar con 5.000 euros por cada trabajador que contraten para mantenimiento a 4.450 y de un máximo de hasta 15.000 euros por cada ayuntamiento a 13.350. Una reducción que rechazan los socialistas, puesto que, sobre todo, “para los más pequeños, estas ayudas suponen la única posibilidad de disponer de operarios, puesto que carecen de financiación y plantilla”, explica Barrio. 

 

En definitiva, la propuesta del PP, que tuvo que retirar de la mesa en comisión la semana pasada por no presentar a la oposición en tiempo y forma los expedientes y por la ausencia del informe preceptivo de fiscalización, supone un recorte del 17% para los ayuntamientos en estas convocatorias, que se suma al hachazo de más de un 30% del dinero que recibirán para Planes Provinciales. Además, en este caso, también con ‘enredos’, porque cambian los criterios de la convocatoria ordinaria del Plan I -1,7 millones-, pero los de la destinada a personas con discapacidad -500.000 euros- se mantienen. El PP pretende ratificar las bases en comisión esta semana.

 

Los socialistas lo tienen claro: si el PP quiere el apoyo al Plan de Empleo I y II de la Diputación, deberá establecer los mismos criterios para las convocatorias y rectificar el recorte que prevén para los consistorios. “Si la Diputación quiere auxiliar a los ayuntamientos, tiene que aumentar la financiación”, sentencia Barrio. Lamenta que el equipo de gobierno se cierre a la participación de la oposición en la elaboración de las bases de las convocatorias y la falta de información sobre sus previsiones, como en el caso de las ayudas a mancomunidades y establecimientos de hostelería.

 

“No queremos votar en contra de las bases de estas convocatorias, pero no nos dejan más remedio”, lamenta la portavoz socialista.