La Diputación de Burgos está abandonando a su suerte a los ayuntamientos en materia de abastecimiento de agua potable y depuración, según ha denunciado esta mañana el diputado provincial socialista Ignacio Grajal. Se ha referido así a la tardanza de un año de la Institución en iniciar la tramitación del convenio necesario con los consistorios para cumplir con el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero del Gobierno por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

 

La nueva legislación es de obligado cumplimiento para las localidades con más de 10 metros cúbicos de consumo diario, un requisito que, según Grajal, se da en todas las que tengan más de una treintena de habitantes aproximadamente. Sin embargo, la Institución provincial no informó a los afectados, que en algunos casos han empezado a asumir las medidas de tratamiento oportunas y para la vigilancia de la calidad del agua por su cuenta, y tampoco inició hasta el pasado mes de enero las gestiones para la firma de un convenio que el PSOE urge, porque los gastos derivados del cumplimiento de la ley superarán los 1.000 euros anuales.

 

 “Hay ayuntamientos que, encima, tienen muchas pedanías, con lo que los costes se multiplican”, recalca Grajal. Por eso, reclama a la Diputación que les ayude a costear estas actuaciones y a tomar las riendas en esta materia, ya que, según el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, en la provincia hay 1.121 puntos de abastecimiento de agua en pueblos que dependen de la Institución provincial.

 

Además, la Confederación Hidrográfica del Duero “nos está exigiendo a los pueblos la retirada anual de lodos, lo que implica otro coste adicional de más de 1.000 euros anuales”, ha recalcado, para criticar que, mientras tanto, la Diputación “ni está, ni se la espera”. Por eso, urge ayudas de esta Administración y que, “en la medida de lo posible, agilice las subvenciones de adecuación de infraestructuras del ciclo integral del agua en los pueblos”, de las que ni siquiera se han aprobado las bases. Se trata, según insiste, de una necesidad imperiosa en muchas localidades que aún conservan tuberías de fibrocemento, por ejemplo. 

 

Tampoco ha resuelto la Administración la manera en la que va a abordar el proyecto de abastecimiento ‘Vecindad de Burgos’  que preveía el enganche con la ciudad de Burgos y que el PP descartó por su elevado coste, según adujeron, pero renunciando, además, a pedir a la Junta de Castilla y León la cofinanciación, como sí ha hecho en la provincia de Salamanca. Mientras tanto, cerca de 10.000 habitantes siguen esperando, como los que están pendientes  del anunciado acuerdo entre Administración autonómica y la Diputación para localidades de menos de 500 habitantes para el tratamiento de aguas residuales. “Ni siquiera han informado aún cuáles están incluidos” se ha quejado el diputado socialista.

 

Grajal lamenta la desidia del equipo de gobierno, “cuando el agua es uno de los problemas que, al menos a mí, más me angustian como alcalde, porque tener que poner un bando diciendo que no es potable o que no hay, es la muerte en un pueblo”.