El Procurador del Común ha recordado a la Diputación Provincial de Burgos su obligación legal de colaborar en sus investigaciones, como ha censurado el diputado  Ignacio Grajal al equipo de gobierno del PP durante el Pleno ordinario de diciembre.

 

 El socialista ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas para interesarse por una resolución del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, que se queja de que la Institución provincial no respondió a sus requerimientos  de información –desde 2022- en una actuación de oficio, sobre los planes y programas que tenía implantados para cooperar con los ayuntamientos de su ámbito territorial en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

 

 La de Burgos es la única de Castilla y León que no ha contestado a ninguna de esas solicitudes, en las que el Procurador alerta de que el servicio de suministro de agua potable en los pueblos “está sufriendo muy especialmente las consecuencias del cambio climático y debe adaptar su gestión y sus infraestructuras a los nuevos requerimientos de seguridad y de calidad sanitaria del agua de consumo”. Un argumento que Grajal ha señalado al equipo de gobierno y para cuya solución ha presentado, sin éxito, varias proposiciones al Pleno en el presente ejercicio porque el Partido Popular las rechazó, como pedir a la Junta la financiación del 50% del proyecto de abastecimiento mancomunado ‘Vecindad de Burgos’. Un proyecto que el equipo de gobierno ha descartado, con la excusa de su elevado coste económico.

 

 También rechazó el PP la proposición socialista para que la Diputación agrupara a municipios interesados en concurrir al segundo PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, aunque, al menos, cogió el guante y al final, ha pedido a las localidades de menos población que presenten interés, con la intención de abrir a toda la provincia esta posibilidad de cara al tercer PERTE. De momento, ya se han producido 182 adhesiones que afectan a una masa crítica de población de más de 60.000 habitantes, lo que demuestra, según Grajal, que la propuesta del PSOE ha sido útil. 

 

 Sin embargo, a tenor de la resolución del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, la Diputación tiene que implementar las medidas necesarias para garantizar que el agua suministrada a los pueblos resulte suficiente para atender a las necesidades de la población y que está disponible a un precio asequible. 

 

 “Tras varios requerimientos la solicitud de información no fue atendida, pese a ello formulamos una resolución a la Diputación en la que en primer lugar la instamos a adaptar los planes o programas de gestión implantados para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable a la realidad geográfica y poblacional de la provincia, teniendo en cuenta para ello parámetros como la despoblación, la dispersión o la estacionalidad”, aduce el Procurador del Común.

 

El PP ha ratificado hoy el hachazo a Planes Provinciales, de casi cinco millones de euros para el próximo año con respecto a éste, al aprobar definitivamente el Presupuesto de 2024, con el voto en contra del PSOE.

 

La portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, ha subrayado que este presupuesto perjudica a los pueblos y ha subrayado también las previsiones en la RPT y en la plantilla presupuetsaria, que confirman que casi un 40% de las plazas de la Diputación estan vacantes. Un aspecto que se acentúa en el caso del personal laboral y qeu afecta, sobre todo, a las residencias de mayores que gestiona la Diputación.

 

Los diputados provinciales socialistas han aprovechado el turno de ruegos y preguntas para pedir más diligencia de la Diputación a la hora de comunicar futuros cortes de carreteras con antelación suficiente a los afectados; que el presidente, Borja Suárez, reciba a la Corporación de Pineda de la Sierra y les explique sus planes a futuro sobre el albergue Valle del Sol, en lugar de adelantarlo a la prensa; así como reunir a los alcaldes del último tramo de Camino Natural Santander-Mediterráneo pendiente en la provincia para abordar soluciones para su ejecución.

 

Asimismo, han preguntado por los planes del equipo de gobierno para los convenios de extinción de incendios con los ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro de cara al próximo ejercicio. Pregunta a la que Suárez ha contestado que se plantea un acuerdo a cuatro años, mientras que se preparan los trámites para la creación de un consorcio provincial.

 

También se han interesado los socialistas por el anuncio de la intención de la Diputación de ofrecer ayuda para la videovigilancia a los pueblos, dada su exigente tramitación, y ante el temor de que “se estén generando falsas expectativas a los alcaldes y alcaidesas”, como ha recalcado el diputado provincial socialista Javier Lezcano.